La científica Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del CONICET con más de dos décadas de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, enfrenta un duro y disciplinador proceso que busca exonerarla de la Administración Pública Nacional. La medida, calificada por diversos sectores académicos y gremiales como un claro acto de persecución y censura, surge luego de que Aparicio coordinara en el país el capítulo local del proyecto internacional SPRINT. Esta investigación, financiada por la Unión Europea, demostró científicamente la amplia y preocupante presencia de agrotóxicos en humanos, animales y ecosistemas de Argentina. Según detalla el exhaustivo reporte del medio cooperativo lavaca, la decisión institucional representa un castigo ejemplificador por exponer las graves consecuencias sanitarias del modelo agroindustrial hegemónico.
Los reveladores datos del proyecto SPRINT
El proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal (SPRINT, por sus siglas en inglés) contó con la participación de Argentina como único país no europeo, debido a su rol estratégico como exportador global de soja para alimentación animal. La etapa de diagnóstico liderada por Aparicio durante 2021 evaluó a 73 voluntarios, divididos cuidadosamente en tres tercios: productores convencionales, productores agroecológicos y habitantes de zonas urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires. El objetivo era establecer un gradiente preciso de exposición a los químicos.
Los resultados fueron contundentes y desoladores. Se halló glifosato en el 100% de la materia fecal y en el 86,1% de la sangre de los participantes bonaerenses. Además, los análisis detectaron entre 6 y 13 plaguicidas en orina, de 6 a 22 en alimentos de consumo diario, e incluso hasta 53 sustancias tóxicas registradas en el aire mediante pulseras de medición ambiental. El estudio también encontró residuos químicos alarmantes en el polvo de los hogares, en el agua superficial y en el forraje animal.
Censura institucional y presión corporativa
Lejos de utilizar esta valiosa información para promover políticas públicas de salud y diagramar una transición productiva gradual, la respuesta oficial fue el ocultamiento. En junio de 2023, la presentación formal de los resultados fue abruptamente suspendida por orden del entonces director nacional del INTA, Carlos Parera. En diciembre de ese mismo año, la presidencia del Instituto resolvió finalizar unilateralmente la participación argentina en el consorcio europeo. Según trascendió desde el Consejo Directivo, la decisión habría respondido a un fuerte lobby y presiones directas de la Mesa de Enlace, bajo la amenaza de que la difusión de estos niveles de toxicidad pondría en riesgo la siembra de cultivos convencionales.
Recientemente, se impulsó un sumario interno bajo falsas acusaciones de ocultamiento de información y perjuicio económico al Estado, cargos que la defensa de la científica desmiente categóricamente argumentando que los fondos del proyecto provinieron íntegramente de Europa y las jerarquías estaban al tanto de cada avance. El informe preliminar de este sumario exige la suspensión para todo el equipo técnico y la pena máxima de exoneración para Aparicio.
Un golpe contra la agroecología y la ciencia pública
Este caso representa un retroceso de extrema gravedad para el desarrollo de la agroecología, la salud comunitaria y la soberanía alimentaria en Argentina. Originalmente, el proyecto SPRINT contemplaba una segunda etapa dedicada a trabajar de manera directa con los productores agrícolas, brindando herramientas técnicas para reducir su dependencia de los agroquímicos. Al clausurar el proyecto y perseguir a sus investigadores, se intenta disciplinar al sistema científico nacional. El hostigamiento busca sembrar el miedo en los laboratorios y pasillos universitarios, desalentando cualquier futuro estudio que cuestione el uso masivo de insumos sintéticos. Sin una ciencia pública libre, transparente y arraigada en las necesidades de los territorios, resulta imposible construir el conocimiento indispensable para transitar hacia sistemas alimentarios verdaderamente sostenibles.
El apoyo de la comunidad y acciones en defensa de la investigadora
Ante esta alarmante situación, el gremio APINTA, junto a legisladores provinciales y nacionales, organizaciones ambientales y consejos académicos de distintas universidades públicas, han manifestado su absoluto repudio. Para la doctora Aparicio, de 53 años, la exoneración implicaría perder su identidad científica, su puesto laboral y los aportes jubilatorios, quedando inhabilitada para trabajar en el Estado por al menos cinco años.
Para frenar esta medida disciplinaria, diversas agrupaciones de la sociedad civil impulsan activamente una campaña de visibilización y una junta de firmas digital destinada a exigir a las actuales autoridades del INTA que garanticen el legítimo derecho a la defensa y anulen este sumario persecutorio. Quienes deseen adherir al reclamo, profundizar en los detalles técnicos de la investigación o leer el testimonio completo de la científica, pueden consultar el artículo original publicado en lavaca.
Fuente: lavaca.org
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