El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) elevó una carta formal a los senadores nacionales para solicitar que no se trate el proyecto de ley que busca incorporar la figura de «Ecocidio» en el Código Penal durante la sesión de esta semana. La entidad, que es presidida por Gustavo Idígoras y agrupa a las principales cámaras del sector agroexportador, sostiene que el dictamen emitido de manera conjunta por las comisiones de Justicia y de Ambiente del Senado pone en grave riesgo la actividad productiva del país y genera una fuerte inseguridad jurídica para los sectores agrícola, ganadero, forestal y minero en todo el territorio nacional.
Los argumentos empresariales frente a las penas ambientales
El proyecto que genera el rechazo de las corporaciones propone castigar con penas de entre 3 y 25 años de prisión a quienes provoquen daños ambientales que sean considerados irreversibles, extensos o duraderos, en clara violación de la normativa vigente. Además de incluir responsabilidades penales de prisión efectiva para las personas físicas, el dictamen prevé inhabilitaciones, suspensión de actividades por hasta una década y multas millonarias para las empresas involucradas. Estas últimas podrían calcularse automáticamente entre un 10% y un 20% del capital social de la firma afectada cuando no se logre determinar el beneficio económico obtenido por el daño ambiental provocado.
Ante este panorama legislativo, el CAA advierte que la amplitud de la redacción convierte la vulneración de una simple resolución administrativa local, o una ordenanza municipal de zonificación, en el disparador directo de un delito federal que vulneraría el principio constitucional de legalidad.
Otro de los puntos que genera mayor resistencia en el ámbito empresarial es la incorporación legal de la figura del ecocidio en su variante culposa. Según la extensa nota dirigida al Senado, penalizar el daño generado por «imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes» implicaría que cualquier contingencia operativa —tales como una falla técnica, un accidente logístico durante el transporte o un evento climático extremo no anticipado por los técnicos— podría exponer a directivos y profesionales a penas de encierro. Para los representantes del agronegocio, esta perspectiva rompe la racionalidad del sistema penal y destruye cualquier incentivo para la remediación ambiental posterior a un incidente, dado que la ley ignoraría el esfuerzo reparador si el ecosistema no se regenera de forma autónoma.
El rol del activismo y la fuerte respuesta ruralista
La profunda preocupación del sector privado también se centra en el potencial uso estratégico de esta nueva herramienta legal. Desde el CAA señalaron de manera explícita que la figura del ecocidio suele ser instrumentalizada por agrupaciones activistas de la sociedad civil como un mecanismo de presión y litigio directo contra actividades productivas. A modo de ejemplo, mencionan los reclamos sociales y «juicios éticos» contra los monocultivos forestales en la provincia de Corrientes, las operaciones en el polo agroexportador del Gran Rosario y la producción extractiva en Vaca Muerta, advirtiendo que la nueva ley otorgaría a estos movimientos el poder real para exigir clausuras y privación de la libertad.
La resistencia a esta iniciativa no es un hecho aislado. Semanas atrás, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) ya habían encendido las alarmas en el debate público, provocando incluso que desde las jefaturas de bloques oficiales se retiraran las firmas que avalaban el dictamen en comisión. Estas agrupaciones insisten en que el país no requiere la creación de nuevos delitos penales difusos, sino la aplicación efectiva y transparente del amplio entramado normativo ambiental que ya rige en la Argentina.
Implicancias estructurales para el cuidado de los territorios
Para los movimientos por la soberanía alimentaria del país, el debate parlamentario sobre la figura del ecocidio resulta un hito fundamental. Históricamente, la falta de penalidades contundentes y ejemplares en el Código Penal ha facilitado la expansión de modelos extractivistas y esquemas de agricultura industrial que impactan de lleno sobre los bienes comunes, los cursos de agua, la biodiversidad y la salud de las poblaciones. El castigo efectivo del daño ambiental irreversible responde a un reclamo histórico y sostenido por parte de las asambleas territoriales, quienes exigen herramientas judiciales con peso real para frenar la deforestación y la contaminación sistémica por el uso masivo de agrotóxicos.
El avance o el retroceso definitivo de este trascendental proyecto en el recinto marcará el verdadero pulso de la agenda legislativa en este tramo del año. La cobertura original de este debate parlamentario y de los reclamos corporativos fue publicada por el portal especializado Bichos de Campo, donde se puede consultar el análisis pormenorizado de los argumentos del sector agropecuario y acceder a los detalles del documento entregado a los legisladores.
Fuente: bichosdecampo.com
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